¿Tendrá por fin España una segunda Transición?

En la Alemania de hoy nadie se imaginaría una voluminosa estatua de Hitler en la plaza mayor de ninguna ciudad importante. Tampoco una avenida que recordase a los ciudadanos la figura de Goebbels o los méritos de las Waffen SS. Desde hace tiempo este tipo de reliquias forman parte de los libros de Historia y de los museos. En España, sin embargo, el fascismo todavía tiene una presencia importante en la vida de los españoles. El dictador Francisco Franco mantiene estatuas en ciudades como Santander o Melilla, su predecesor Primo de Rivera dispone de un monumento en la sureña Granada y en Madrid es posible encontrarse con calles como Arriba España o Caídos de la División Azul (contingente del Ejército español que combatió junto a los nazis contra la URSS).

La transición española fue elogiada en su momento. Después de casi cuatro décadas de oscura dictadura, representantes políticos de colores bien distintos fueron capaces de hacer llegar la democracia y la libertad a base de diálogo y consenso y evitaron así otro derramamiento de sangre. Pero ese pacto de perdón “se ha transformado con el tiempo en otro de olvido, colocando al mismo nivel a quienes lucharon por defender la democracia y el poder legalmente establecido y a quienes protagonizaron el Golpe de estado”, tal y como afirman los socialistas.

Cuando se acerca el 31 aniversario de la muerte de Franco, las encuestas publicadas en las últimas semanas muestran que una clara mayoría del pueblo español es partidaria de que se investigue todo lo relativo a la Guerra Civil, se descubran las fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados. Incluso entre los votantes del conservador PP también triunfa el deseo de recuperar la memoria. Por otra parte, prácticamente la mitad de la población cree que 70 años después del conflicto aún existen dos Españas enfrentadas.

Una de las promesas de Zapatero antes de convertirse en presidente fue que se abordaría esta situación aprobando una Ley para la Memoria Histórica. Pero una vez en el Gobierno esta decisión se hizo esperar demasiado. Los partidos políticos situados más a la izquierda del arco parlamentario comenzaron a presionar y presentaron ambiciosas alternativas. Finalmente, antes de verano, el Gobierno presentó un proyecto de ley que no dejó conforme a nadie. Las asociaciones antifranquistas y grupos de izquierda lo vieron “insuficiente”. El PP “innecesario e imprudente”. De la misma manera que muchos de los alcaldes de este partido ven imprudente retirar la simbología franquista que aún permanece en los callejeros de numerosas ciudades españolas porque “supone un enredo o es parte de la Historia”. Y así lo manifestaron en Estrasburgo hace unos meses cuando el Parlamento europeo condenó con una amplia mayoría el régimen franquista mientras que los conservadores se quedaron solos haciendo oposición junto con la extrema derecha polaca.

El texto que se tramita en el Congreso y que de momento no tiene demasiados apoyos garantizados (sólo los nacionalistas conservadores vascos y catalanes) prevé, entre otras cosas, la localización e identificación de víctimas del franquismo así como la descongelación de pensiones a familiares, la inversión en un Centro para la memoria histórica en Salamanca, la reforma del Valle de los Caídos o el reconocimiento de la inocencia para todos los condenados en juicios de carácter político. Respecto a los símbolos, escudos y placas relativos a la Guerra Civil, se obligará a retirar aquellos que honren a un solo bando de los edificios y lugares de titularidad estatal. Sin embargo se deja en manos de las CCAA y de los ayuntamientos la retirada del resto de símbolos, como los nombres de las calles. Y nadie garantiza que de la Iglesia nazcan iniciativas en esta dirección. Es honrable la iniciativa de Zapatero de adentrarse en un terreno delicado. Pero una vez dentro no valen las reformas menores.